Puerta de empresas

Guatemala desconoce las cifras de los sectores donde se desenvuelven las personas con discapacidad. Esta exclusión hace que el Estado pierda entre el 4 y 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Buscar empleo en el sector formal es difícil para muchas personas, pero los retos aumentan cuando se tiene una discapacidad. Sofía Estrada tiene espina bífida y es usuaria de silla de ruedas. “Llego a las entrevistas, me ven de pies a cabeza y me rechazan. Ni siquiera me dan una oportunidad”, relata

“En 2015, apliqué a un empleo en una empresa que decía estar abierta a contratar a personas con discapacidad. Me emocioné, apliqué y me llamaron para una entrevista”. Ese mismo día la contrataron y le dijeron que se presentara el lunes siguiente para comenzar con el entrenamiento. “Cuando llegué me dijeron que era en el edificio de la par, pero ahí había gradas. Por suerte los compañeros que también iban a la capacitación dijeron que me ayudarían a subir”.

Al subir se encontró con una de las personas que la entrevistó, al verla se acercó y le dijo que la gerencia había dejado saber que ella no podía trabajar ahí. “Me dijo que la gerente pensaba que yo no podía trabajar porque no hice el intento de subir las gradas y que tenía que salir del edificio”. Después de esta experiencia, Sofía pasó un año sin buscar empleo. “Es triste, duro y frustrante”. Ahora se desenvuelve en la economía informal.

“En Guatemala, estamos estancados en el tema de inclusión de personas con discapacidad. Para que comience a haber cambios el Estado tiene que liderar con su ejemplo. Si ellos contratan a esta población los demás los seguirán”, declara Luis Linares, exministro de trabajo. Al igual, agrega que otro problema es la escasez de empleo que existe en el país.

A esto hay que sumarle que las empresas pequeñas podrían ser otro campo laboral, pero la mayoría tiene sus puertas cerradas. “Implementar medidas de inclusión es algo que no está en la lista de este tipo de negocios, especialmente porque creen que representa un gasto extra”, menciona María Fernanda Jiménez, psicopedagoga.

El factor económico y los prejuicios relacionados a que una persona con discapacidad no podrá producir de la misma manera y que las ventas se verán afectadas frenan la inclusión. “La inversión que se necesita es poca. Muchas veces un cuaderno o un lápiz basta para comunicarse. Además, la licencia de Microsoft tiene el lector de pantalla y el magnificador que necesitan las personas con discapacidad visual”, explica Claudia Hernandez, directora organizacional de RH Expertise, empresa guatemalteca especializada en reclutamiento y selección

Hugo Nitch nació con parálisis cerebral y es usuario de silla de ruedas. “Cuando me llaman para ofertas laborales y les cuento que me muevo en silla de ruedas me cuelgan o si llego a las entrevistas me doy cuenta que la construcción no está hecha para que todos podamos movernos”.

Cuando busca empleo siempre menciona que es usuario de silla de ruedas para que la empresa conozca la situación desde el inicio. “Les hablé por teléfono a una empresa y me dijeron que no importaba y que me podía presentar para una entrevista”. Al llegar le dijeron que la oficina estaba en el segundo nivel. “Me dijeron que yo tenía que subir, que ellos no iban a bajar o buscar otro lugar para tenerla”. Hugo se marchó y continuó en la búsqueda de un empleo.

Habrá más discapacidad en medida que las barreras sean más o menos grandes, sin barreras aunque haya deficiencia la persona ya no tiene discapacidad,

expresa Allan Rousselin, director del trabajo social del Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala.

Las empresas tienen que contar con la infraestructura adecuada y estar abiertas a implementar ajustes razonables. “Habrá más discapacidad en medida que las barreras sean más o menos grandes, sin barreras aunque haya deficiencia la persona ya no tiene discapacidad”, expresa Allan Rousselin director del trabajo social del Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala.

“Como país no tenemos las condiciones para implementar la inclusión, el diseño está hecho para personas regulares”, explica Ana Vides, antropóloga. No contar con los mecanismos necesarios implica enfrentarse con dificultades todo el tiempo, lo que hace más cansado las actividades cotidianas para las personas con discapacidad.

Las empresas privadas no son las únicas que descuidan los aspectos de inclusión en la infraestructura. Los ministerios no están preparados ni capacitados para atender a personas con discapacidad. El Ministerio Público (MP), ubicado en zona 1, cuenta con una oficina que atiende solo a personas con discapacidad, pero las sedes de los demás departamentos no cuentan con este servicio. Además, los edificios no son aptos para la movilidad de todos. Hasta hace nueve meses el Ministerio de Finanzas Públicas, situado en zona 1, construyó rampas en las entradas, antes de esto eran gradas y el Registro Mercantil, ubicado en zona 9, pasó 10 años con el elevador fuera de servicio, a mediados de 2023 se arregló y se construyó una rampa en la entrada, sin embargo, no hay personal capacitado para atender a las personas con discapacidad.

El Organismo Judicial es otra institución que se suma a esta lista. No cuenta con rampas en ninguno de los tribunales y los baños no son accesibles para usuarios de silla de ruedas. Rocío Alay realizó sus prácticas universitarias en los Juzgados de Paz. Como usuaria de silla de ruedas se le dificulta moverse y fue discriminada por tener discapacidad.

“En Guatemala, la forma de administración de las empresas es muy tradicional y es raro ver prácticas de inclusión. Estamos atrasados” , agrega Rousselin. Las empresas internacionales son las que muestran una mayor apertura en estos temas, ya que cuentan con políticas internas.

Tal es el caso de Walmart, en donde el 5% de los empleados tienen discapacidad. Luis Ramirez, coordinador de asuntos corporativos explica que uno de los pilares de la empresa es la inclusión y que cuentan con políticas para implementarla. “Para nosotros es fácil porque no son iniciativas locales, sino que son lineamientos regionales que se llevan a cada una de las sedes”. Entre las medidas que se toman es capacitar al personal sobre qué es la discapacidad y la terminología correcta para referirse.

Se realizan presentaciones de sensibilización, las cuales consisten en informar qué es la discapacidad, los tipos que existen y la terminología correcta, para todos los trabajadores se corre el riesgo de que las acciones se queden en integración, es decir que solo se cuenta con la presencia de la persona, pero no se convive con ella ni se toma en consideración. “Si la empresa no implementa medidas integrales desde el inicio, los trabajadores lo pueden ver raro y no van a interactuar con la persona con discapacidad”, menciona Jiménez.

Inclusión: abogar por la igualdad de derechos y condiciones justas haciendo las adecuaciones necesarias para eliminar barreras en el proceso de participación de las personas. La inclusión es que no importa tus destrezas, vales igual que los demás. Y se busca que cada uno aporte según sus habilidades para que exista igualdad de participación

Barreras: impedimentos para las personas con discapacidad que tengan participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones de los demás.

Integración: abrir la puerta para estar en el mismo espacio, pero no conviven con los demás, es decir que quienes tienen habilidades diferentes están separados del resto de las personas y no hay
igualdad de condiciones.

Capacitismo: por una característica específica se excluye  a la persona, en este caso sería discriminación por motivos de discacpidad.

Fuente: María Fernanda Jiménez, psicopedagoga.

“Es importante que las empresas tomen medidas estratégicas no solo para que la persona pueda ingresar a la organización, sino también crecer dentro de ella”, menciona Jonathan Valdéz, asesor de sostenibilidad del sector industria de CentraRSE. Esta es una organización promotora de la responsabilidad social empresarial tanto para entidades públicas como privadas. También explica que en ocasiones no se consideran estas acciones hasta que se ven obligadas. “En una empresa uno de los trabajadores tuvo un accidente y adquirió una discapacidad motora. Los guíamos en cómo adaptar las instalaciones para que pudiera moverse”. Previo a esto la entidad no había considerado medidas inclusivas.

Sin embargo, hay empresas guatemaltecas como RH Expertise que comenzaron a abrir sus puertas a la inclusión. “Desde 2020 implementamos el programa de pasantías para personas con discapacidad que se coordina con el apoyo del Comité de Pro-Ciegos. El cual consiste en tres meses de pasantías pagadas, en el área de la empresa en donde mejor puedan desarrollarse. Este proyecto ganó premios por parte del Comité y de las Naciones Unidas.

El elemento que fue clave para el éxito de este proyecto fue manejarlo de la mano de expertos. “No podríamos hacerlo sin el apoyo de Pro-Ciegos, ya que ellos nos ayudan a identificar las aptitudes de cada una de las personas para asignarles un puesto que va acorde con sus habilidades”, explica Hernández. Sin la guía de los expertos implementar un programa inclusivo dentro de la empresa se complica más y es más probable que no dure.

Censos inexactos

Para que la sociedad implemente acciones más inclusivas los programas y políticas públicas pueden ser de gran apoyo, pero para su formulación es indispensable contar con datos actualizados, que Guatemala no posee. Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) hay 138 mil 505 personas con discapacidad que trabajan en el sector privado, mientras que 34 mil 161 laboran en lo público.

Sin embargo, estas cifras son cuestionables. De acuerdo con Juan Pablo Arreola, técnico de análisis y datos estadísticos del Centro Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, una persona puede tener múltiples discapacidades, al marcar en el censo cada discapacidad, el ministerio las registró como una persona distinta, lo que provoca que el Mintrab no maneje datos exactos de cuántas personas con discapacidad trabajan en la formalidad. A esto hay que agregar que las estadísticas utilizan el término “dificultad”. María Fernanda Jiménez, psicopedagoga, hace la distinción entre discapacidad y dificultad:

Dificultad puede ser tener miopía, por lo que se necesita usar anteojos, pero una discapacidad implica tener habilidades diferentes, por lo que se necesitan ajustes razonables



Esta no es la única entidad del Estado que no lleva un control adecuado de los datos relacionados a las personas con discapacidad. Por medio del acceso a la información pública se solicitó saber cuántos alumnos con discapacidad hay en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), pero el dato resultó ser inexacto, ya que la encuesta utiliza la palabra “dificultad". Jiménez, agrega que desconocer los términos de discapacidad afecta en la formulación de programas y políticas públicas que tomen en cuentas todas las fases de la inclusión.

Inclusión educativa: espacios para acceder al aprendizaje que se cumpla con el derecho que la educación que realmente puedan avanzar con niveles académicos y su formación hasta llegar a profesionalizarse.

Inclusión laboral: después de salir de un entorno escolar o centro de capacitación técnica, la persona pueda ser
productiva e independiente. 

Inclusión social: este es un eje transversal porque es la capacidad de convivir. Se manifiesta en diferentes entornos como culturales, recreativos, deportivos, etc.

Fuente: María Fernanda Jiménez, psicopedagoga.

Intermediación laboral

“Ahora que estoy ciego, sin el apoyo del Comité de Prociegos no podría conseguir trabajo”, explica Marino, quien tiene discapacidad visual. La intermediación laboral es clave para que a las personas con discapacidad se les abran las puertas. “Las empresas llaman directamente a las organizaciones, como la nuestra, para contratar a las personas porque sienten el respaldo de los expertos”, agrega Miriam Carrillo, encargada del área de adultez en Margarita Tejada.

El Ministerio de Trabajo también realiza acciones que buscan motivar a las empresas a ser inclusivas. Desde el 2015 la Sección del Trabajador con Discapacidad del Mintrab comenzó a implementar el programa Empléate Inclusive, el cual consiste en capacitaciones de sensibilización para entidades públicas y privadas. “Abordamos los derechos laborales, la historia de la discapacidad, los términos correctos y qué es la discapacidad”, explica Indra Molina, encargada de la sección de trabajar con discapacidad.

Generar una cultura de inclusión dentro de las empresas para que abran sus puertas a las personas con discapacidad es un proceso que requiere de mucho tiempo. “Nos toma aproximadamente año y medio generar un impacto en las empresas para que decidan recibir a esta población”, agrega Molina.

A partir del 2018, el ministerio registró si la entidad a la que se capacitaba es pública o privada. El 2021 es cuando más presentaciones se realizaron, con un total de 39 públicas y 29 privadas. El año pasado queda en segundo lugar con 38 públicas y 26 privadas. Cabe mencionar que dentro de estas se encuentran centros educativos.

“El mayor desafío que enfrentamos es el miedo que tienen las empresas y la idea de que ser inclusivos es igual a incrementar los gastos”. Molina agrega que la raíz de esto es el desconocimiento del tema, por ello, la sensibilización es un paso crucial que se debe realizar antes de que la persona con discapacidad trabaje y también hay que darle seguimiento a lo largo del tiempo.

Estas acciones funcionan como un puente que une a la persona con discapacidad con una empresa que cuenta con las herramientas para crear un ámbito laboral en donde puedan desarrollar sus habilidades. De 2017 a la fecha 102 personas con discapacidad han conseguido empleo por medio de este programa. Siendo el 2019 el año con más contrataciones, 47, y 2021 el más bajo con cero. Sin embargo, las puertas que se abren no siempre equivalen a un trabajo formal.

El Instituto Neurológico de Guatemala, es una institución público-privada que cuenta con un programa de inclusión laboral para las personas con discapacidad intelectual y quienes tienen autismo. “Nos ponemos en contacto con empresas para que los chicos puedan realizar prácticas laborales”, comenta Karla Sinay, monitora del área de inclusión laboral del instituto.

Cecilia González es una joven de 24 años con discapacidad intelectual que por medio de este programa lleva cinco años trabajando en un banco. “Estoy en el servicio al cliente, saco fotocopias y organizo expedientes. Siempre pregunto a mis compañeros qué más puedo hacer”, relata. Pese al tiempo que lleva en la empresa aún no cuenta con un contrato.

“Es como si se desenvolviera en la economía informal, ya que no tiene prestaciones como vacaciones y aguinaldo”, agrega Sheyla Roche, madre de Cecilia. El salario de quienes forman parte de este programa está en el rango de Q1mil a Q2mil al mes. “Aunque el salario no llegue al mínimo, estas oportunidades expanden el mundo de los chicos y los ayuda en su autoestima, porque se sienten capaces y pueden aportar a sus hogares”, comenta Sinay.

Otra institución que vela por la intermediación laboral es el Centro de Capacitación Ocupacional (CCO) es un espacio ubicado en zona 5 de la ciudad capital, en donde jóvenes con discapacidad intelectual entre 14 y 18 años pueden recibir diferentes cursos avalados por el Intecap. “Nos convertimos en un segundo hogar. Los chicos que ya se graduaron regresan a pedirnos ayuda en la búsqueda de empleo. Los guíamos en cómo hacer su CV y los ponemos en la base de datos, pero no es fácil que los reciban”, explica Nancy Flores, terapista laboral.

Ángel Monrroy es un joven de 23 años con discapacidad intelectual y es exalumno de CCO. “Tengo bonitos recuerdos de acá. Nos apoyamos entre todos y el profe Jorge me enseñó a cómo hacer bien mi trabajo”, comenta. Ahora, el centro se convirtió en un espacio para generar ingresos. “Cuando tengo libre vengo a lavar los carros de las maestras. Aquí dejo todos mis materiales”.

Al graduarse, Ángel encontró empleo en un hotel como conserje, pero por la pandemia lo perdió y ahora se desenvuelve en la economía informal en un lavado de autos. “Gano menos que antes. Yo quiero trabajar para ayudar a mi mamá”. Su hermana mayor lo apoya en ordenar y conseguir la papelería que solicitan las empresas y forma parte de la base de datos de CCO, pero no ha tenido suerte. “Mi sueño es trabajar limpiando en una empresa”.

Legislaciones pendientes

A pesar de que las personas cuenten con las aptitudes que los puestos de trabajo requieren, no son tomadas en cuenta. Viron cerró el pénsum de la Licenciatura en Derecho, sin embargo, los empleos que solicitan este nivel académico no lo aceptan. “Quienes tenemos una mayor educación somos la minoría, pero esto no nos debería cerrar puertas a quienes sí estudiamos”.

“Las personas solo ven la discapacidad. Tenemos que demostrar que sí somos capaces y que podemos trabajar para que vean más allá de la discapacidad y nos den oportunidades”, comenta Jiménez. Para que los prejuicios no sean una barrera Gerson Álvarez, director médico de Fundabiem, recomienda que las empresas antes de contratar realicen un perfil laboral de las capacidades que se requieren para el puesto, así cuando llegue una persona con discapacidad evalúan si tiene las habilidades que se requieren y no en qué condición se encuentra. “Algunos creen que son lentos o no son capaces, pero ellos se esfuerzan más que una persona sin discapacidad”.

Otra medida que Viron resalta es que las empresas abran un periodo de pasantía para que puedan demostrar que sí pueden hacer el trabajo. “No pedimos que nos contraten solo porque sí. Está bien que pidan requisitos, pero que no nos cierren las puertas por la discapacidad”.

Actualmente, en Guatemala no hay una ley que obligue o incentive a las empresas a contratar a personas con discapacidad. En el pleno del Congreso duermen tres iniciativas de ley que presentan acciones para presionar a las empresas a implementar estrategias inclusivas.

La iniciativa 5529 fue presentada en 2020 por los diputados Edgar Sandoval, Juan Orozco y Flor Chajón. Se encuentra en segundo debate del pleno del Congreso y lo que busca es establecer cuotas entre 2% y 5% de personas con discapacidad, tanto en el sector público como privado. También presentan incentivos fiscales para las empresas.

Desde el 2014 el pleno del Congreso conoce la Iniciativa 4796 y no ha avanzado de esta fase. Fue presentada por Abraham Roblero, Alicia Beltrán y Mynor Cappa, con el fin de que las pruebas y solicitudes de empleo estén en formatos y medios accesibles para las personas con discapacidad, establece cuotas e incentivos fiscales para motivar a que contraten a más personas.

En tercera lectura se encuentra la Iniciativa 5125, la cual fue presentada en 2018 por Christian Boussinot, Sandra Morpan y Roberto Kestler. Esta propone que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social implemente programas de formación laboral y actualización para las personas con discapacidad, así como programas de intermediación con patronos para lograr su instalación en un empleo.

Derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna”, Artículo 102 de la Constitución de la República de Guatemala.

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