Puerta 5 – Laberinto de Inclusión

Puerta de legislación

Desconocer sus derechos y el temor a no conseguir empleo frenan a las personas para denunciar injusticias en su trabajo. Por otro lado, la legislación guatemalteca no cuenta con sanciones específicas para empresas que discriminan a quienes tienen discapacidad.

Dos décadas atrás, William Zapata, quien tiene discapacidad visual, envió su papelería para trabajar en el Diario de Centroamérica. “Cuando llegué al diario me miró la directora ejecutiva y me dijo que sí estaban contratando, pero que no sabía qué hacer con una persona ciega” , relata William.

William insistió y le aseguró que si le daba una oportunidad no se iba a arrepentir. La directora aceptó y para identificar qué trabajo se acoplaba mejor con sus habilidades le dieron un recorrido por todas las unidades. Después de un mes de observación, concluyó que el periódico tenía errores de calidad; se mojaban o no llegaban bien a su destino y esto generaba insatisfacción a los clientes.

Así que innovó la institución y abrió un centro de quejas, a donde los usuarios podían acudir cuando el periódico no llegaba en buenas condiciones. “Poco a poco se fueron dando cuenta de que esta unidad también podía vender, así que nos convertimos en telemarketing”, relata.

No solo la sección creció, también el papel de William dentro de la entidad. La directora ejecutiva se dio cuenta de que él podía hacer más que atender llamadas así que lo ascendió y pasó a encargarse de la circulación departamental. “Trabajé por cinco años hasta que me cambiaron de jefe y me dijo que no le gustaba que una persona ciega trabajara ahí” .

De ser un lugar que le ofrecía lo que necesitaba para desarrollar sus habilidades se convirtió en un trabajo lleno de barreras que le impedían hacer bien sus tareas. “Me decía que no le gustaba que una persona ciega usara la computadora de la empresa, así que me la quitó”. Además, le dijo que no le agradaba que él se encarga de la distribución y le delegó esa responsabilidad a alguien más.

Después de cinco años de trabajar ahí, William renunció. En ese entonces no conocía sus derechos y tampoco sabía que podía presentar una denuncia por esas actitudes de discriminación. De acuerdo con el "Informe Guatemala" publicado por la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (Riadis) 48% de las personas con discapacidad en Guatemala desconocen sus derechos.

Este no es el único factor que frena a las personas a poner una denuncia. “Los guatemaltecos sienten mucho miedo al momento de denunciar. No quieren hacerlo porque temen que nadie quiera volver a contratarlos”, explica Marcelo de León, abogado laboral.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) es la entidad en la que los guatemaltecos pueden denunciar a sus empleadores si los discriminan, por despidos injustificados y falta de pago, entre otras razones.

En enero de 2024 se implementó un nuevo método. De acuerdo con Zidel Pérez, coordinadora de la sección de toma de denuncias del Mintrab, retrasa la resolución al menos dos semanas. El proceso de poner una denuncia consiste en cuatro pasos: primero llenar el formulario de la denuncia, luego se manda al delegado departamental, quien la aprueba o no y la asigna a los inspectores de trabajo. En el tercer paso los inspectores proceden a verificar lo presentado por el denunciante para luego citarlo junto con la empresa para que se tenga una audiencia conciliatoria y llegar a una resolución, que es el último paso. Previo a este sistema, el proceso consistía de tres pasos y podía tardar ocho meses aproximadamente.

Procesos para poner una denuncia

Fuente: Zidel Pérez, coordinadora de la sección de toma de denuncias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

También se modificó el formulario de la denuncia. “Antes era más específico y fácil confirmar los motivos de una denuncia, ahora hay que describir mucho lo que la persona quiere, porque los motivos no dan lugar para extenderse. Entonces uno tiene que hacer maravillas ahí con la redacción”, explica Pérez. Al igual, ahora se le entrega una hoja al usuario con un código QR para que le den seguimiento a sus casos. Sin embargo, no en todas las circunstancias esto es una opción, ya que de acuerdo con Conadi, 1 millón 158 mil 850 personas con discapacidad no cuentan con internet.

Otro factor que impacta la eficiencia es que las altas autoridades como el inspector general o los ministros, son los únicos que pueden llevar el control. “Tenemos que pedir autorización para todo. Si hay que buscar una denuncia o expediente hay que esperar a que una autoridad lo permita, el problema es que es difícil ubicarlos y nos tardamos más”.

Para ofrecer un servicio más ágil, Pérez solicitó acceso a los expedientes. “Rechazaron mi petición, así que solo puedo ver las fichas que yo llené. Si alguien que no atendí acude a mí para darle seguimiento a su denuncia no tendré la información hasta que el delegado u otra autoridad me de acceso”, lamenta.

Aunque el Mintrab supere el tiempo que dicta la ley, que son 30 días, sus acciones son clave para la calidad de la vida laboral de los guatemaltecos. Hugo Flores, quien tiene discapacidad visual, en 2020 puso una denuncia por discriminación.

Tras 11 años de trabajo en el call center de un banco reconocido, un cambio de gerencia lo llevó a tomar la decisión de renunciar. “Después de que hicieron esto ya no nos volvieron a tratar igual con mi compañero, quien también es no vidente”.

Hugo y su compañero eran los únicos que recibían un bono de Q200, mientras los demás, que hacían exactamente el mismo trabajo, recibían un bono de Q1mil. “Me acerqué a preguntarle al nuevo jefe por qué había esa diferencia él se enojaba y decía que no teníamos que tocar ese tema”.

Diez meses más tarde de estos cambios Hugo decidió renunciar y poner una denuncia por discriminación. El abogado laboral, Pablo Herrera, explica que cuando el empleador no ofrece igualdad de salario a quienes tienen las mismas responsabilidades se considera como un despido indirecto.

Sin embargo, después de hacer esto, a Hugo le dio miedo que ninguna otra empresa lo contratara. “Le dejé de dar seguimiento al proceso porque no quería meterme en problemas, yo solo quería trabajar” , relata.

Aunque Hugo ya no contestaba las llamadas del ministerio, esto no impidió que se hiciera cumplir el Código de Trabajo. “Después me enteré de que mi compañero que también es no vidente ya empezó a recibir el bono por Q1mil”. Las acciones de la nueva gerencia le costaron su trabajo formal con prestaciones, ahora se desarrolla en la economía informal en un puesto de fotocopias.

Sin inspectores

no hay avances

La delegación que cuenta con mayor denuncias puestas por personas con discapacidad es la de Guatemala. En los últimos 10 años recibió 41, de las cuales 13 son por discriminación.

Fuente: Elaboración propia con datos de acceso a la información del Mintrab

Para que haya eficiencia en el proceso, es importante que los inspectores dispongan de todos los recursos que necesitan. Pese a que el ministerio cuenta con vehículos, no son suficientes. “Tenemos recursos limitados. Deberían ir dos inspectores por carro, tenemos que ir tres o cuatro”, explica Ángel Hernandez, inspector de trabajo.

La escasez de inspectores es otro aspecto clave para el servicio eficiente. “Hay altibajos en el número de inspectores. Se contratan, pero en tres o cuatro años hacen falta más”, declara Luis Linares, exministro de trabajo. Como mínimo recomienda que debería haber 300 inspectores, sin embargo, en los últimos 10 años nunca se ha contado con esa cantidad. El año que se contó con más inspectores fue en 2013 con un total de 245. En 2024 decayó a 178.

Esto hace que se demoren más en resolver los casos. “Algunas veces veo que compañeros tienen más de 100 expedientes. Es mucha la carga para los pocos que somos”, explica Hernández.

Además, el experto explica que otro desafío es que las oficinas están centralizadas en la zona 9 de la ciudad de Guatemala. “Hay que descentralizar, porque hace que todo se concentre en un mismo lugar y dificulta el acceso a las personas que viven lejos, como en San José Pinula o Villa Nueva”.

Invisibles ante la ley

El 14 de enero de 2020, el primer presidente con discapacidad tomó posesión en Guatemala y esta fue la primera y última vez en que Alejandro Giammattei mencionó a las personas con discapacidad. “A mis compañeros discapacitados, aquí estoy. Hoy uno de ustedes es presidente. Sé que nos dicen de pequeños lo que no podemos hacer, nos enfrentamos a diferentes tipos de barreras”, proclamó en su primer discurso como presidente. Además, enfatizó que contaban con su apoyo para oportunidades de empleo. Sin embargo, sus acciones en casi cuatro años de gobierno fueron poco alentadoras para las personas con discapacidad.

Las iniciativas de ley que promueven la inclusión laboral no avanzaron en el pleno. Incluso la infraestructura del país sigue sin adecuarse a las necesidades de todos los guatemaltecos. “El Congreso no es apto para las personas con discapacidad, incluso al presidente le cuesta integrarse al pleno. Si no podemos recibirlo a él, mucho menos a un ciudadano”, explica el expresidente de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad, Manuel Rivera, de la bancada Victoria.

Aunque Guatemala es uno de los 166 países que ratificaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y cuenta con la Ley 135-96, que busca facilitar la creación de fuentes de trabajo para las personas con discapacidad, no son suficientes para crear una sociedad más inclusiva. También está la Ley de Lengua de Señas en Guatemala, reconoce este sistema como idioma oficial y medio de comunicación de las personas no oyentes. “Hay iniciativas y políticas, pero se quedan en papel, no se ejecutan”, declara Azucena Gómez, trabajadora social del Hospital San Juan de Dios.

En 2019 se presentó en el pleno del Congreso la iniciativa 5529, entre los puntos que promueve se encuentra que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta en los programas de emprendimiento y en políticas públicas. Sin embargo, en tres años no avanza de la segunda lectura. “Sin un marco legal que motive a las empresas a contratar a personas con discapacidad o que implemente sanciones, es más difícil que se dé la inclusión”, comparte Alla Rousselin, director del trabajo social del Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala.

Sin embargo el Congreso inició el 2024 con la aprobación de la Ley de Certificación de Discapacidad, la cual consiste en que las personas cuenten con un documento que certifique la discapacidad que tienen. Además, si la persona beneficiada está de acuerdo, sus datos podrían remitirse al Registro Nacional de las Personas (Renap) para que estos aparezcan en el Documento Personal de Identificación (DPI).

Todavía hay un gran camino por recorrer ya que hay tres iniciativas que se encuentran en el pleno del Congreso sin avanzar.

“El Estado de Guatemala no está preparado para las personas con discapacidad”, declara Teresita de León, diputada de la bancada de la UNE e integrante de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad. Comunica que en lo que se enfocará la Comisión este año es presionar para que se apruebe la iniciativa de ley 5125 , la cual se encuentra en tercera lectura del pleno. “Es muy importante que se apruebe para implementar cuotas y que se abran las puertas”.

La exdiputada Lesly Valenzuela, congresista independiente, exvicepresidente de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, fue quien presentó esta iniciativa. Explica que el Estado debería facilitar el acceso a créditos bancarios para que las personas con emprendimientos puedan crecer. Las acciones que propone esta iniciativa son importantes para el desarrollo económico. “Si se apoya a los emprendimientos y se les da una oportunidad laboral tendrá un impacto positivo en el país”, comenta Gabriela Matus, experta en inclusión.

La falta de voluntad política es lo que atrasa estas iniciativas. “Muchas veces se dan discursos, pero sin las acciones no se llega a nada”, expresa Valenzuela. De acuerdo con Matus si hubiera una ley que estableciera que las empresas tanto públicas como privadas deben cumplir con ciertas cuotas, la participación en el ámbito laboral sería mayor. “En Guatemala, tampoco se sanciona que no se cumpla con el marco normativo de accesibilidad. Esto provoca que las personas no lo implementen”.

Por otro lado, Marcelo de León, abogado laboral, resalta que las cuotas podrían resultar complicadas para las empresas medianas y pequeñas. “El problema es que son menos de 10 trabajadores, así que sería de evaluar bien en cuáles sí se podrían aplicar, lo mejor sería en las empresas grandes”.

Otra iniciativa que duerme en el pleno es la 4796, desde que se presentó en 2014 no ha avanzado. Esta busca que se adecue tanto el área laboral, el trabajo y las formas de solicitud de empleo con base en las necesidades y capacidades de la persona. “La inclusión laboral es importante porque estamos hablando de algo que afecta el bolsillo de las familias e impacta en el desarrollo integral del guatemalteco”, agrega Rivera.

“Si el Estado implementara incentivos fiscales las empresas se verían motivadas a contratar a personas con discapacidad”, agrega Rousselin. Guatemala se encuentra pasos atrás en comparación con los otros países de la región, aún tiene un gran camino por recorrer para que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades.

Actualmente, no existe una sanción específica para las empresas que discriminan a las personas con discapacidad. “No solo se necesita promover leyes declarativas, sino también sancionatorias para que exista un equilibrio. De lo contrario nadie las pondrá en práctica”, declara Rocío Alay, promotora de inclusión laboral en el Mintrab.

Fuente: Elaboración propia con las leyes de cada país.

Guatemala, Belice y Nicaragua son los países centroamericanos que aún no tienen legislación que establezca cuotas, incentivos fiscales o sanciones para promover la inclusión laboral.

Puerta de legislación

Desconocer sus derechos y el temor a no conseguir empleo frenan a las personas para denunciar injusticias en su trabajo. Por otro lado, la legislación guatemalteca no cuenta con sanciones específicas para empresas que discriminan a quienes tienen discapacidad.

Procesos para poner una denuncia

Fuente: Zidel Pérez, coordinadora de la sección de toma de denuncias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Sin inspectores

no hay avances

La delegación que cuenta con mayor denuncias puestas por personas con discapacidad es la de Guatemala. En los últimos 10 años recibió 41, de las cuales 13 son por discriminación.

Fuente: Elaboración propia con datos de acceso a la información del Mintrab

Invisibles ante la ley

Fuente: Elaboración propia con las leyes de cada país.

Guatemala, Belice y Nicaragua son los países centroamericanos que aún no tienen legislación que establezca cuotas, incentivos fiscales o sanciones para promover la inclusión laboral.

1. Educación

2. Desempleo

3. Empresas

4. Emprendimiento

5. Legislación

6. Historias de éxito

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Desconocer sus derechos y el temor a no conseguir empleo frenan a las personas para denunciar injusticias en su trabajo. Por otro lado, la legislación guatemalteca no cuenta con sanciones específicas para empresas que discriminan a quienes tienen discapacidad.

Procesos para poner una denuncia

Fuente: Zidel Pérez, coordinadora de la sección de toma de denuncias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Sin inspectores

no hay avances

La delegación que cuenta con mayor denuncias puestas por personas con discapacidad es la de Guatemala. En los últimos 10 años recibió 41, de las cuales 13 son por discriminación.

Fuente: Elaboración propia con datos de acceso a la información del Mintrab

Invisibles ante la ley

Fuente: Elaboración propia con las leyes de cada país.

Guatemala, Belice y Nicaragua son los países centroamericanos que aún no tienen legislación que establezca cuotas, incentivos fiscales o sanciones para promover la inclusión laboral.

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2. Desempleo

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Fuente: Zidel Pérez, coordinadora de la sección de toma de denuncias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.